Los propietarios de los terrenos privados en Garduix y Feliu, agrupados en la empresa Promotora Urbana del Garduix SL, han manifestado su inquietud y malestar tras la decisión del equipo de gobierno de Calp de desclasificar sus terrenos en la sesión plenaria celebrada el pasado 12 de noviembre. Según denuncian, la decisión se tomó sin previo aviso ni consulta, lo que consideran una vulneración de sus derechos. La falta de información y la ausencia de diálogo han llevado a los afectados a plantear acciones legales contra el consistorio calpino.

Los propietarios de los terrenos de Garduix y Feliu cargan contra Somos Calpe, PSOE y Compromís al considerarlo una decisión unilateral del equipo de gobierno local, afirmando también que tuvieron conocimiento de la desclasificación de sus terrenos a través de la convocatoria del Pleno, donde acudieron, sin que previamente se les informara o consultara sobre la medida.

«Nos enteramos por sorpresa de una decisión que afecta directamente a nuestro patrimonio sin que el Ayuntamiento nos haya dado explicaciones o nos haya convocado para dialogar«, denuncian los afectados que integran la empresa Promotora Urbana del Garduix SL.

Los propietarios también critican la falta de rigor en las intervenciones del Pleno y aseguran que algunos concejales mostraban un desconocimiento evidente sobre la situación legal de estos terrenos, que han estado sujetos a la normativa urbanística desde el año 2005. «Se nos ha tratado como si fuéramos especuladores, cuando en realidad hemos cumplido con todas las obligaciones legales durante más de veinte años«, subrayan.

Uno de los puntos que más inquieta a los propietarios es el impacto económico de la decisión municipal. Según argumentan, la desclasificación y posible expropiación de los terrenos podría realizarse a precios muy por debajo del valor real, generando una grave pérdida para los afectados. «No nos oponemos a una solución que beneficie al pueblo, pero exigimos que se respeten nuestros derechos y que cualquier expropiación se haga con justicia y conforme a la ley«, afirman.

Además, critican que el equipo de gobierno local ha optado por esta vía sin evaluar el coste real para las arcas municipales. «¿Quién pagará esta decisión? ¿Se hará cargo esta corporación o lo dejarán para futuros gobiernos? Al final, siempre son los ciudadanos de Calp quienes asumen los costes de decisiones políticas erráticas«, advierten.

Los afectados también denuncian lo que consideran un doble rasero del gobierno local en la gestión del suelo en la localidad. Aseguran que en otros casos se han realizado permutas y acuerdos con precios de hasta 56 euros por metro cuadrado, mientras que en este caso se pretende reducir el valor de los terrenos con el argumento de su futura conversión en zonas verdes.

Dado el escenario actual, los propietarios han expresado su disposición a acudir a los tribunales si el Ayuntamiento persiste en su postura sin ofrecer una solución negociada. «No queremos judicializar esta situación, pero no podemos permitir que se pisoteen nuestros derechos. Estamos abiertos al diálogo, pero si es necesario, defenderemos nuestra posición en los tribunales«, advierten.

Por otro lado, denuncian que mientras el equipo de gobierno se ha mostrado reacio a reunirse con ellos, sí ha permitido que sus representantes graben vídeos promocionales en los terrenos sin autorización, lo que consideran un acto de provocación.

Han pasado más de tres meses desde la aprobación de la medida y, según los propietarios, ni la alcaldesa ni los concejales de gobierno han convocado ninguna reunión para explicar el futuro del sector Garduix y Feliu ni el impacto que tendrá para los afectados. Mientras tanto, los propietarios reiteran su voluntad de diálogo, pero insisten en que no aceptarán ninguna medida que vulnere sus derechos o les cause un perjuicio económico desproporcionado.

«Lo único que pedimos es que el Ayuntamiento cumpla la ley y garantice un trato justo. Si quieren modificar la planificación de estos terrenos, deben hacerlo con transparencia y asegurando que las indemnizaciones sean acordes al valor real del suelo«, concluyen.