El pleno ordinario de junio aprobó las dos propuestas contra Marina Salud que evidencian la deficiente prestación del servicio sanitario.

La moción del PP y Ciudadanos cargaba en dos vertientes contra la empresa encargada de prestar el servicio hospitalario en la Marina Alta.

Una de estas mociones reclamaba más facultativos especializados en salud mental, y la otra que se instale el circuito rápido oncológico para prevención del cáncer.

Fue la portavoz del Partido Popular, Noelia Císcar, quien defendió ambas mociones, siendo especialmente crítica en el tema mental.

Císcar, quién además es psicóloga, indicó que ahora solo se cuenta con dos psiquiatras para toda el área sanitaria.

Una situación atípica que se da a pesar de que en las negociaciones con la empresa ésta se comprometió a contratar dos especialistas más, aunque el departamento todavía estaría en déficit.

Así la portavoz indicaba que “si antes estábamos a menos cuatro, ahora estaremos a menos dos, pero el servicio sigue siendo deficitario”.

Císcar añadía que “estamos hablando de enfermedades mentales graves, de pacientes con esquizofrenia que llevan meses sin medicarse”.

Compromís muy crítico

Igual de crítico se mostró el portavoz de Compromís, Ximo Perles, que no dudó al indicar que la empresa Marina Salud «no tiene vergüenza» y a quién calificó de “piratas, que se dedican a saquear las arcas públicas a cambio de prestar un servicio que no prestan”.

En el mismo sentido, se dirigió al comisionado, que debería de ser el enlace entre la empresa concesionaria, al que calificó de “mercenario al servicio de la mercantil”.

De hecho, Compromís presentó una enmienda a la moción adjuntando un informe que acreditaría según los valencianistas varios incumplimientos contractuales de la empresa.

Así, Perles indicaba que “Marina Salud nos debe una ampliación del centro de salud y no la paga excusándose en un sobredimensionamiento de las infraestructuras”.

El edil de la formación valenciana recordaba que “en la Comisión Mixta de seguimiento se va acordó allá por el 2014 la creación de un grupo de trabajo que redactara un acta sobre el dimensionado de las infraestructuras, y a día de hoy no existe ni el grupo ni mucho menos esa acta”.

En este sentido, subrayó que desde Marina Salud “llevan años evitando rendir cuentas de la plantilla a Conselleria y fue la abogacía de la Generalitat la que emitió un informe considerando que la compraventa de acciones de DKV a Ribera Salud fue ilegal”.

Además, Perles lamentaba que “aun así, ni la empresa, ni la Conselleria, ni ninguno de los grupos políticos de las Cortes está haciendo nada para evitar esta barbaridad«.

Incidía en que esto se debe a que “unos forman parte del gobierno y los otros porque sus colegas forman parte de la empresa que presta el servicio”.

Más apoyo en la oposición

El PSOE apoyó ambas mociones e insistió en que había sido el Partido Popular quien privatizó la Sanidad.

Desde los socialistas también explicaron que el gobierno del Botànic hace una apuesta en que la sanidad en la Marina Alta vuelva a ser exclusivamente pública una vez acabe la concesión.

Las críticas desde Calp se unen así a las de los sindicatos que hace poco se manifestaron, así como a los otros municipios afectados por la gestión de la empresa.